viernes, 11 de enero de 2013

Opinión de laboralista César Puntriano sobre la Ley Nº 29973


Fuente: Diario Gestión- Tribuna Legal
(Publicación: 10.01.13)

LEY DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD: ¿INCENTIVO AL EMPLEO O INCONVENIENTE?



Una realidad. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, cerca del 40% de la población discapacitada carece de nivel educativo alguno y solo el 6% llega a tener educación superior.





César Puntriano
Estudio Muñiz 




<Mediante Ley Nº 29973 se ha aprobado un nuevo marco que regula los derechos de la persona con discapacidad en desarrollo del mandato contemplado en el artículo 23º de la Constitución.

La Ley tiene una buena intención aunque su planteamiento es equivocado. La norma establece la exigencia de que empresas con 51 trabajadores a más empleen discapacitados en una proporción no inferior al 3% de su personal, obligación que será exigible en la práctica desde el 25 de diciembre de 2014.

La gran pregunta es si la población discapacitada está adecuadamente calificada como para ocupar ese 3%. Creemos que la respuesta es negativa. En efecto, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), cerca del 40% de la población discapacitada carece de nivel educativo alguno y, solo el 6% llega a tener educación superior. Asimismo, un estudio del Ministerio de Salud (MINSA) señala que el 52% de los discapacitados están desocupados y que del 48% que laboran solo el 27% consigue hacerlo en forma dependiente (obreros).

Vemos que existe una baja empleabilidad que puede ocasionar que las empresas se vean obligadas a crear puestos innecesarios para cumplir con la Ley y evitar sanciones. Inclusive, resulta absurdo, aunque usual, que el Estado sancione a empresas que incumplan esta cuota cuando aquel no ha cumplido con el 3% previsto en la norma anterior. La cuota de empleo debió mantenerse en el sector público, cumpliéndose efectivamente, y generar incentivos reales a los privados para que voluntariamente, y de acuerdo a sus condiciones, contraten personas con discapacidad y no a través de una imposición como ha ocurrido con la Ley.>



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